Los fantasmas de la revocatoria

11/03/2015

La vida política del alcalde Gustavo Petro parecía haber regresado a la normalidad tras su “victoria” hace un año ante las críticas de los ciudadanos de la capital de la república; la cruzada en contra de los operadores privados en diferentes esferas del funcionamiento de la ciudad generó un sisma insostenible en aspectos críticos para la convivencia y la vida de los bogotanos. Tras haber pasado la tormenta, el fantasma de la sonada revocatoria parece tocar las puertas del palacio de Liévano.

Foto: El Espectador.

Desde la crisis de movilidad que llevó a tomar medidas en la Casa de Nariño, hasta la figura de improvisación que la administración adoptó con el esquema de basuras con los célebres camiones compactadores que en “convoy” con vehículos del acueducto buscaban aliviar una situación irreconciliable entre los operadores de las basuras y el gobierno distrital a favor de evitar el caos en Bogotá, sin embargo la maniobra fue calificada como improvisación y las secuelas de aquella tormenta acabaron por debilitar a Petro Urrego, habiendo colmado la paciencia de sus opositores y entre ellos del procurador Alejandro Ordoñez, quien vio en su figura la de una diana para desencadenar un aluvión de presión política hasta el anunciar la destitución e inhabilitad para realizar actividad política durante 15 años, siendo el primer y más efectivo intento por “desestabilizar su figura política”.

La siguiente estocada al orgullo y a su gestión llegó de la mano del representante Miguel Gómez, quien consiguió más de 350.000 firmas válidas de ciudadanos en contra de la gestión del alcalde y a favor de la figura de revocatoria de mandato, en la cual mediante consulta popular, los capitalinos podrían dar veredicto de la “Bogotá Humana”, eligiendo permanecer con el actual modelo hasta su finalización en Diciembre del 2015 o descalificar democráticamente su gobierno. En su momento y a pesar del respaldo por parte del generoso porcentaje de ciudadanos en contra del burgomaestre, no se pudo llegar a las urnas; el motivo, el mismo falló del procurador Ordoñez ya había sacado a Petro del palacio de Liévano, aplazando la diligencia jurídica y respondiendo al enunciado de que el mandato ya había sido destituido, lo cual restaba relevancia al proceso político.

Ambos esfuerzos en contra de su mandato se vieron desvirtuados, entre cubículos y muebles en la Registraduría Nacional reposaron la revocatoria, las 350.000 firmas, el presupuesto determinado para el ejercicio electoral y toda la estrategia para poder llevar a cabo unas elecciones atípicas, todo en el marco adecuadamente determinado por la ley. Los precedentes para esto están en el titánico esfuerzo del alcalde por obtener verificación y apoyo internacional para objetar la medida del procurador Ordóñez y así dar un golpe de efecto a la derecha conservadora del país; la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, permitió que a través de medidas cautelares, el encargado de la ciudad regresara a funciones. El apoyo del presidente Santos también aceleró la dilatación del proceso político, pero antes de aquel fallo estaba la revocatoria.

Las convulsas semanas, los señalamientos de un lado para otro y la habitual polarización del panorama político nacional, hicieron de marco perfecto para que la Registraduría se desentendiera de responsabilidades. El ente nacional aprovechó el huracán de trinos y críticas para abstenerse de llevar a cabo la tarea electoral, aduciendo la destitución hecha por el procurador, y evitó así los grandes gastos que implicaría reunir a las masas en las urnas. La iniciativa de Gómez, avalada por miles de bogotanos, quedó en el baúl de los recuerdos. Petro había quedado en entredicho por miles de ciudadanos y sin embargo había conseguido permanecer en el poder. Meses después la pausada iniciativa volvería a retumbar en los pasillos de la alcaldía, sin embargo la sensación decía que lo peor ya había pasado, la cuestión pareció zanjada.

Pero ¿dónde quedaron las opiniones de los más de 350.000 ciudadanos inconformes con aquella gestión? ¿Por qué tras haber sido restablecido en su cargo, la revocatoria no se llevó a cabo? Aun existen cuestionamientos favorablemente válidos a favor de aprovechar el último año de mandato del alcalde para retomar la convocatoria del proceso de revocatoria pendiente. El llamado de atención a la Registraduría Nacional llegó en forma de tutela la semana pasada en ponencia de la mano de la magistrada Gloria Ortiz, dirigida a la Corte Constitucional, organismo que dispondrá de los próximos días para resolver la solicitud de la magistrada a favor o en contra de restablecer el trámite de revocatoria de mandato a través de la Registraduría (en un término de hasta dos meses).

El documento presentado por la magistrada fundamenta su solicitud en los vacíos del proceso anterior que estuvo en el congelador. Dado que las irregularidades en el proceso anterior no brindan ningún fundamento para esclarecer el porqué de no insistir con la medida legalmente válida y aprobada previamente por la Registraduría, el documento de ponencia de Ortiz conocido por Semana (http://www.semana.com/nacion/articulo/gustavo-petro-corte-constitucional-ordenaria-reactivar-revocatoria/419223-3) solicita celeridad en el proceso y argumenta que “la consulta popular aún es pertinente, pues el alcalde aún ejerce el cargo”. La crítica se extiende hasta la Registraduría por la falta de fundamentos jurídicos para detener el proceso y restringir los derechos políticos de los ciudadanos disconformes, recalcando la carencia de “sustento válido” para no retomar el ejercicio democrático.

La semana se vislumbra como clave para la decisión que directamente afectará al gabinete de gobierno distrital y al mandatario mismo. La sala de revisión de la Corte Constitucional estará conformada por los magistrados Gloria Stella Ortiz, Jorge Iván Palacio y el presidente de la corte misma Jorge Pretelt, recientemente acusado de presuntas dádivas con el fin de favorecer a Fidupetrol en una tutela que buscaba tumbar un fallo previo de la Corte Suprema de Justicia en contra de la petrolera. Es en este escenario en el que en los próximos días se determinarán los términos de aquella propuesta que hace más de un año dejó en entredicho las capacidades del ejercicio democrático popular.

Sea la determinación a favor o en contra del gobierno distrital, aquellos fantasmas que acosaron y llevaron a Gustavo Petro a la cruzada jurídica más trascendental de su vida política parecen regresar a acosar los pasillos del palacio de Liévano, la cuestión está en si el burgomaestre podrá librarse en una nueva ocasión de los espectros más críticos de su labor.

Carlos Eduardo Quiñonez Marrugo.

Redacción Política, Entre Líneas.

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