Los dos ingredientes que agitan el caldero político



Mientras empiezan a moverse las campañas presidenciales, la reforma electoral y el posible uso del mecanismo fast-track son los dos nuevos ingredientes que tienen alterado el caldero político. Entre Líneas le explica por qué.

El pasado 13 de diciembre, la Corte Constitucional dio el visto bueno al controversial Fast-Track: un mecanismo que, como su traducción al español lo indica (vía rápida), permite reducir los trámites de las leyes y reformas que se necesitan para la implementación de los Acuerdos de Paz.

Este acto legislativo trae consigo dos cambios relevantes:

  • Una reducción en los tiempos del procedimiento legislativo ordinario: las reformas constitucionales no requerirán de ocho debates, como establecía la constitución del 91, sino cuatro. Los demás proyectos solo necesitarán dos debates en vez de los cuatro habituales.
  • Limitar las facultades del Congreso sólo a aprobar o denegar los proyectos que presente el Gobierno Nacional.

A pesar de la fuerte oposición, los argumentos del Gobierno nacional para aprobar la vía rápida se fomentaron en la necesidad de proteger lo pactado en las negociaciones con las FARC, en especial la ley de indulto y amnistía que se le otorgará a los miembros de la guerrilla. Humberto de la Calle afirmó que “el Fast-Track no es un capricho ni un deseo de poner contra la pared a quienes se oponen, sino una necesidad”, “las FARC no van a estar sentadas un año esperando a ver qué pasa”. Debido a que cualquier traba resulta perjudicial para el proceso y que se acercan las campañas del 2018, el Gobierno busca aprobar los proyectos más importantes lo antes posible.

unque la controversia política de los últimos meses se centrara en el caso Odebrecht y los inconvenientes con la desmovilización de las FARC, el caldero político ha sido condimentado con un nuevo ingrediente: Una reforma electoral.

El caldero político ha sido condimentado con un nuevo ingrediente (además de los inconvenientes en la desmovilización de las FARC, el caso Odebrecht): una reforma electoral. El pasado miércoles 15 de febrero el Gobierno Nacional se lanzó a la ambiciosa apuesta de reformar el sistema electoral y llevar dicha reforma de la mano con el acuerdo de paz. El ministro del interior, Juan Fernando Cristo, generó revuelo al manifestar ante la Comisión Primera de la Cámara que algunos puntos de la reforma, por relacionarse con la implementación de los acuerdos, se pueden tramitar bajo la vía del Fast-Track.

Algunas de las posibles reformas que se harían bajo esta vía son: mandato presidencial de cinco años, eliminación de la Vicepresidencia de la República, voto obligatorio y desde los 16 años, crear 16 circunscripciones especiales para la paz, eliminar voto preferente y establecer lista cerrada (no se podrá votar por un solo candidato en las elecciones legislativas sino por todo el partido político al que este pertenezca) y la implementación de una financiación estatal del 100% para las campañas.

Cristo y los simpatizantes de la iniciativa han argumentado que aprobar la reforma vía fast-track es la solución para múltiples problemas políticos como la corrupción y garantizará un desarrollo pleno del Acuerdo de Paz.

No obstante, la propuesta ha generado revuelo en todos los sectores políticos. Si bien el fast-track se avaló para facilitar la reintegración con las FARC y buscar mecanismos que garanticen paz, hay un cuestionamiento frente a la supuesta relación que tienen algunas reformas con el proceso de paz. Por ejemplo: ¿la paz necesita con urgencia que el periodo presidencial dure cinco años?, ¿cuál es el afán en reformar tan prontamente el sistema electoral en vísperas de las elecciones 2018?, ¿eliminar el voto preferente realmente ayuda a combatir la corrupción o la fortalece?, ¿la financiación de las campañas elimina el traspaso de coimas y sobornos?, entre otras.

Algunos senadores han manifestado que este tipo de medidas deben implementarse con cuidado y mirar qué implicaciones podrían traer. Que una reforma se elabore de forma rápida no garantiza su éxito. El senador Carlos Fernando Motoa, por ejemplo, afirmó que el Gobierno debe precisar en cada tema y no hablarlos de forma general como lo hizo el ministro Cristo. Otros critican al presidente Santos por querer usar de forma irresponsable el Fast-Track y fortalecer intereses políticos específicos; aunque muchos aprueben el proceso de paz, ven en el uso del Fast-Track un alto peligro que desvirtúe la legitimidad del proceso si no se realiza de forma responsable y justificando claramente su implementación.

Y mientras el caldero continúa en cocción, pregúntese usted: ¿es conveniente o no la implementación del Fast-Track en la reforma política?

Camila Escobar
camilaescobar@entrelineas.co
Redacción Política

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