Reforma tributaria: la punta del iceberg



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Por: Dayana Martínez Cárdenas

“Cuando un país tiene que hacer una reforma tributaria, que llaman profunda o estructural, el problema de ese país no es la reforma tributaria, no son sus afanes fiscales. Los afanes fiscales son la manifestación de un problema económico”: Aurelio Suárez.

En los últimos 26 años, en Colombia se han realizado 13 reformas tributarias; de las que cinco se han hecho en los últimos seis años, si se cuenta la que está en discusión en este momento en el Congreso.

La nueva reforma tributaria que está en trámite actualmente está llena de partidarios y opositores. Desde quienes la apoyan y justifican con argumentos de diferentes clases, algunos más validos que otros, hasta los que se oponen tajante o parcialmente a otra reforma “profunda y estructural”. Al mirar la situación económica y social del país, la de la clase media y baja contrastada con la clase política y los pocos más ricos del país, no es difícil entender por qué la sociedad no quiere, apoya o ni siquiera se interesa en escuchar acerca de otra reforma. Además de que la gran mayoría no entiende los conceptos económicos que plagan todas las explicaciones que la rodean. El colombiano o colombiana común no entiende de economía.

Por eso mismo, al escuchar de la reforma, no solo se queda en el problema latente o visible, sino que también le es difícil comprender la magnitud de lo que se presenta, puesto que, en realidad, las políticas económicas son un misterio parecido a la alquimia, incomprensibles. Y si los colombianos siguen sin entender qué es lo que se les está planteando, es más fácil confundirlos hasta el punto de que acepten esta reforma, y quien sabe cuántas más.

Sobre la reforma

El IVA, un impuesto indirecto y por lo tanto regresivo, ya que consulta al consumo y no al ingreso, aumenta del 16 al 19%. Se gravarán, es decir, se les agregará el IVA a productos de aseo y limpieza personal. Y, a pesar de que se afirma de que a la canasta familiar no se le pondrá el impuesto, cabe recordar que el 60% de la misma ya lo tiene incluido. A los servicios de datos para celulares se les agregará el IVA más impuesto al consumo del 4%, por lo que tendrán impuestos del 23%; también a los celulares desde $650.000, así como a los computadores de un valor mayor a un millón de pesos, se les gravará IVA. Con estas nuevas adiciones, el 39% de los productos o servicios tendrán este impuesto.

Asimismo, a las bebidas azucaradas, cigarrillos y combustibles se les agregará un nuevo impuesto. Para las bebidas azucaradas (energizantes, saborizadas, con azucares añadidas y edulcorantes), con la excusa de reducir el consumo, el impuesto será de $300 por litro; y el recaudo, que se estima sea un billón de pesos, será manejado por las EPS. La misma entidad manejará el recaudo de los cigarrillos, que pasan de $720 a $2100. El “impuesto verde” es el nombre del impuesto que se aplicará a los combustibles, para disminuir la contaminación y desincentivar el consumo y será de $135 por galón de gasolina, $95 por gas licuado de petróleo y para el kerosene y jet fuel de $148 (para más información, click aquí).

Además de esto, el 4x1000 queda permanente y se les aplicará un impuesto del 5% a publicaciones impresas como diarios o publicaciones. Asimismo, se creará un monotributo para tiendas, peluquerías y misceláneas, que busca unir el IVA y la renta y será del 1% para empresas con ingresos de 41 a 104 millones (el impuesto es al ingreso mas no a la renta, es decir, la ganancia); aun así, si los tenderos lo desean, pueden seguir pagando sus impuestos como antes, con una renta del 3% (para más información, click aquí).

Por otra parte, se promueve la lucha contra la evasión con cárcel de cuatro a nueve años para grandes evasores, pero de la que quedarán exentos si pagan la deuda; además se reducirá el umbral para declarar renta a personas naturales de 3’7 a 2’7 millones (para más información, click aquí). Finalmente, la proporción del recaudo de empresas cambia: las grandes empresas, que aportan el 68% del recaudo con el 43% de impuestos, pasarán a pagar en dos años un impuesto del 32%; las medianas y pequeñas empresas que aportan el 18% del recaudo con impuestos del 31% pagarán ese mismo 32% (para más información, click aquí).

Las críticas

Las críticas varían desde lo particular hasta la propuesta general, pasando por el manejo del dinero público y la verdadera conveniencia o no de una reforma tributaria.

Primero, para gran parte de la sociedad es indignante que se hable de "un aumento de impuestos para seguir robándonos más plata”. El salario de un congresista equivale a 40.5 salarios mínimos ($27’929.000), uno de los más altos en comparación con el resto de Latinoamérica. Y a eso se le suma la corrupción que, según un informe de la Sociedad Colombiana de Economistas, entre 1991 y 2010 le costó al país alrededor de 189 billones de pesos, el equivalente a 9.9 billones de pesos anuales. Si se busca recaudar siete billones de pesos más el próximo año, la gente se pregunta: "¿no sería mejor acabar con la corrupción, los sobornos y la mermelada de una vez?".

Ahora, si se habla de los efectos para la inflación, el asunto no mejora. Según diferentes estudios, como consecuencia de la reforma, la inflación aumentaría alrededor de un punto y la carestía también lo haría. Pero además, Aurelio Suárez, analista económico, afirma que según un estudio del Banco de la Republica por cada 10% que aumente el precio de los combustibles, tiene un impacto del 0.85% en el precio de los productos, por consecuencia de la cadena productiva, por lo que con la reforma podría estar entre el 2% o el 3%.

A esto se le suma la eliminación de la diferenciación en el recaudo de las empresas, cuando el índice de Gini (que mide entre 0 y 1 cualquier forma de distribución desigual en el que es peor cuanto más se acerque a 1) en las empresas fue de 0,773 en utilidades brutas y de 0,803 en las ganancias operacionales, parece absurdo que una empresa grande o trasnacional realice el mismo aporte que una mediana o pequeña, cuando estas reciben la mayor parte de las ganancias y tienen el mayor control sobre la economía. Esa medida solo sigue fomentando la desigualdad y concentración empresarial.

Además, se le suma que en la DIAN el 50% de los impuestos sean indirectos, es decir al consumo, y el 49%  sean directos; lo que implica un problema con el derecho a la progresividad y equidad. También se puede hablar del monotributo, que en vez de cobrar a la renta cobra al ingreso y genera grandes afectaciones; el impuesto a las gaseosas para reducir su consumo y el riesgo a la diabetes (el mayor consumo de azúcar viene de las golosinas con un 33%, pero como su venta es por informalidad, gravarlo es más complicado) y a los cigarrillos, cuyo recaudo pasaría a ser manejado por las EPS, ya desfondadas y reconocidas por su mal manejo de los recursos.

El problema de fondo

¿Por qué han sido necesarias 13 reformas tributarias en 26 años? Simple y complejo: el modelo económico.

En 1990, Colombia abre su economía a la inversión externa, al libre comercio, al libre flujo del capital y a la privatización. Sin embargo, el país no estaba preparado para enfrentarse a la apertura y hacerle frente a la competencia extranjera (junto con sus múltiples privilegios), lo que ocasionó que, en 1999, el país sufriera su peor crisis económica cuando la economía decreció 4.5%, el desempleo aumentó al 20%, los productores industriales de textiles, químicos y acero prácticamente desaparecieron y 800 mil familias perdieron sus viviendas.

Aurelio Suárez explicó en un evento en La 69 Cultural que los cambios estructurales, aperturas y arreglos en diferentes sectores ya habían sido preescritos en el Plan Colombia y en algunos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional; y, más importante aún, funcionaron, generando un ingreso de $131.400 millones de dólares al país entre el año 2000 y el 2015. Sin embargo, lo que no se explicó es el valor de renta, o utilidades, de esta inversión, que en el mismo periodo de tiempo fue de $158.800 millones de dólares; es decir, cada dólar invertido genera una utilidad del 20%, lo que ocasionó, y aún lo hace, balances negativos recurrentes: en el año 2003 la cuenta dio -1.2% del PIB; en el 2010, -3.1%; en el 2013, -3.2%; y finalmente, la bomba estalló en el año 2015, con un -6.5% del PIB cuando cae el precio del petróleo.

Si a este déficit se le suma la deuda bruta del sector público, que en el año 2015 fue de 450 billones de pesos, y los demás beneficios fiscales a estas empresas, no es difícil entender de dónde proviene el hueco fiscal. Entre los beneficios fiscales mencionados, se encuentran ingresos no constitutivos de renta (como los de las constructoras de vivienda de interés social); los descuentos y rentas exentas, un estudio indica que del 2004-2014, el costo fiscal de este apartado fue de 58 billones de pesos; la eliminación en el 2006 del impuesto a remesas (por enviar ocasionalmente utilidades al exterior) que tenía un valor del 7%; y, finalmente, las 68 compañías que cuentan con contrato de estabilidad jurídica, que implica que las modificaciones en la tributación no se les aplicarán hasta la finalización del contrato, y entre las que se encuentran Telmex, Falabella, Babaria, Bimbo y algunas empresas del Sindicato de Antioquia.

Con todo esto, el costo fiscal supera los 100 billones de pesos. He ahí el motivo del hueco fiscal que ahora quieren que los ciudadanos paguen.

Lo que sería una solución, según Aurelio Suárez

Ha Joon Chang, profesor de economía de Cambridge, afirmó en una conferencia que sin el Estado es “muy difícil alcanzar grandes cambios económicos (o sociales)”. En otras palabras: que los problemas económicos se resuelven políticamente.

En ese espacio, se reproducirá la solución que Aurelio Suárez manifestó que él daría al problema económico si “la lámpara de Aladino se apareciera y me concediera tres deseos”, basado en su recorrido como analista económico:

  1. Elevar los salarios: Una propuesta que puede parecer difícil para las empresas, pero que en realidad contribuiría a aumentar la demanda en la economía que se respondería con la oferta de las empresas.
  2. Renegociar los TLC: Si aumenta la demanda y se tiene descubierta la oferta, es muy probable que lo que se compre sea importado. Por esto, Suárez propone una renegociación que permita hacer un ahorro nacional, mejorar la dinámica de producción nacional y revivir el agro. Según el analista, los resultados se verían a mediano plazo.
  3. Limitar el poder del capital: Seguramente, es la propuesta más controversial y por la que se le podría tildar de comunista, socialista, castrochavista o, simplemente, de izquierdoso. Sin embargo, en este contexto, la propuesta tiene lógica; en el país, una sola persona natural tiene el poder del 40% de los activos bancarios, maneja las pensiones, las cesantías y las administraciones de riesgo, tiene el periódico más grande del país, y tiene poder sobre las vías 4G, las EPS y los seguros de salud. Si no se limita el poder sobre el capital, ¿qué capital le queda al resto de la población?

Dayana Martínez

Redacción Entre Líneas

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