Las razones detrás del plantón camionero



“Exigimos que se revoque la resolución 330 de 2017, no es justo que ahora premien a los que han dañado a la Familia Camionera de Colombia”.

“Esta vez es vencer o morir”. Así termina uno de los audios que se ha difundido por medio de WhatsApp, en el que habla Alberto Palma, un líder camionero que invita a las familias camioneras a que se unan a la manifestación en la cual "lucharán por lo que han trabajado durante más de 60 años".

Según Alberto Palma, quien está a cargo de la manifestación, realizarán un plantón el día martes 28 de febrero frente al edificio Gran Estación 2 y el Ministerio de Transporte exigiendo la revocatoria de la resolución 332 del 15 de febrero de 2017, porque él asegura que "con esta resolución están perjudicando al sector de transporte de carga tradicional, beneficiando a los que iniciaron el problema de la sobreoferta en el sector con el negocio de los camiones mal matriculados". Igualmente asegura que, si bien para el día martes no se está organizando un paro nacional, la Familia Camionera Unida de Colombia y del Transportador Tradicional (FACUN) realizará un plantón pacífico frente al Ministerio, que tiene muchas posibilidades de que se convierta en uno.

En la resolución 332 que fue expedida el 15 de febrero de este año se modifican los precios de los cupos, los procedimientos de desintegración física de los vehículos de carga, los procesos de modernización del parque automotor y la circulación de camiones antiguos, lo que termina perjudicando a los camioneros tradicionales.

Esta resolución tiene como fin aclarar la normatividad para evitar que se presenten nuevos casos de camiones mal matriculados y así, erradicar inconvenientes como los presentados desde el 2009, donde se registraron más de 50.000 camiones con este problema. El sector de transportes de carga ha venido teniendo este inconveniente desde el 2004 –según el líder camionero- lo que consiste en comprar camiones que van para la “chatarrización”, cobrar el dinero de la desintegración y matricular de nuevo el vehículo de forma no autorizada. Palma afirma que la investigación de este negocio ilícito también está dentro de los puntos de su protesta, ya que con esta misma resolución se les está dando a las empresas privadas el control sobre el transporte de carga.

Palma asegura que el 85% del sector camionero pertenece a familias pequeñas que subsisten de máximo 3 camiones y que se verán perjudicadas si ese porcentaje les es entregado al 15% restante, que pertenece a empresas privadas, quienes a su vez son los creadores de una red de ilegal entre importadores de camiones de carga y CupoTrans (de quien es dueño Hellman León, detenido durante la investigación de este caso).

La resolución tiene como fin estabilizar las relaciones entre los generadores y los transportadores de carga, teniendo en cuenta que existe un desbalance entre la oferta y la demanda en el sector como consecuencia de las artimañas de los camiones mal matriculados. Así mismo, establece los montos que deben pagar los propietarios de esos camiones para que “no se incurriera en detrimento al patrimonio público” y determina “los montos que el Gobierno reconoce a los propietarios que deciden desintegrar su vehículo y abandonar el negocio del transporte de carga y para los que reponen su camión, pero continúan en el mercado” explicó Manuel González, director del Registro Único Nacional de Transporte (Runt), para el periódico El Portafolio.

Palma  asevera que no descansarán hasta ser escuchados y por esta razón, realizarán el plantón el martes 28 desde las 8 a.m. al frente del Ministerio de Transporte con pancartas y pliegos de peticiones para intentar lograr la revocatoria de la resolución. Además,  Palma afirma que “si el gobierno no reacciona y las medidas que nosotros consideramos que favorecen a las familias camioneras no son tomadas entonces ahí si nos iremos a una movilización nacional”.

Esta vez el Ministerio de Transporte debe contemplar cambios en esta resolución analizando las posibles opciones para beneficiar a los camioneros, teniendo en cuenta también a los que salieron perjudicados con el escándalo del “cartel de la chatarrización” en el que estuvieron involucrados Pedro Aguilar, un líder camionero, y un exfuncionario del Ministerio, quienes, por cierto, ahora están en la cárcel acusados de apropiarse de 600.000 millones de pesos por la falsa chatarrización.

Juliana Castro Velásquez
julianacastro@entrelineas.co
Redacción Política

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