Editorial: Paliativos de plástico

Fuente: El Espectador

Gracias al artículo 207 de la Reforma Tributaria que entró en vigencia el pasado 1 de julio, las bolsas plásticas que se entregan en tiendas y/o supermercados, tendrán un impuesto de 20 pesos por unidad. Este valor incrementará 10% hasta llegar a 50 pesos por bolsa en el 2020.

Desde esta casa celebramos todos los esfuerzos en favor del medio ambiente. Sin embargo, creemos que el valor incrementado no es suficiente para corregir el uso de las bolsas plásticas y, sobre todo, la falta de conciencia acerca del daño hacia nuestro planeta. El problema en realidad no está solo en el valor sino en la cultura del “importaculismo” que impera en nuestro país, además legitimada por el Estado y algunas de sus instituciones. Como en este caso. Tocar el bolsillo de los colombianos no parece ser suficiente pues (a algunos) no les importa tener que pagar alguna suma por el beneficio de llevar bolsas a sus hogares.

Ahora, ¿en realidad es un beneficio? Es necesario aclarar a los lectores que esta iniciativa y el debate generado alrededor pasan por pensar que es un tema prioritario y urgente para nuestro país y el mundo. Las bolsas pueden convertirse en un beneficio inmediato, como los pitillos o los copitos para las orejas, pero según la Organización de Naciones Unidas, para el año 2050 podría haber más bolsas que peces en los océanos. Se estima que una bolsa plástica tarda de 150 a 200 años degradarse. Mucho más que la vida de cada uno de nosotros.

Hagamos el siguiente ejercicio. Si una familia va a mercar una vez a la semana y al ir a la caja prefiere pagar el impuesto sobre las bolsas plásticas, invirtiendo en un promedio de ocho bolsas, pagaría unos 160 pesos, redondeado a 200. ¿Qué es una moneda de 200 pesos para una familia promedio colombiana que va a hacer mercado cada semana? Al mes, serían 800 pesos, ni siquiera 1000.

Lo correcto sería que reconociendo múltiples variables actuales como el salario mínimo, el desempleo, la desigualdad y otras condiciones que mantienen a las familias colombianas viviendo con lo justo, no solo se incremente mucho más el valor de las bolsas por unidad, sino que se generen campañas de pedagogía a la ciudadanía sobre el medio ambiente.

Otro elemento que nos inquieta desde esta tribuna tiene que ver con el destino de esas ganancias: la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. ¿No es mejor que con lo recogido a nivel nacional por este impuesto se invierta en la hasta ahora débil gestión del Ministerio del Medio Ambiente o, incluso, si el temor es que se pierda el dinero en corrupción y burocracia, que se invierta en un programa exclusivo para eliminar el uso de bolsas plásticas en el país?

Volvamos al ejercicio y calculemos las ganancias diarias para un supermercado con cifras bastante bajas. En una jornada entre semana, fácilmente pueden pasar 50 usuarios a comprar, y suponiendo que usen una sola bolsa, la DIAN obtendría $1000 pesos en total. En un mes serían $31.000.. Ese valor, mes a mes, sumando los miles de supermercados que hay en el país, con un cálculo de usuarios más elevado, podría significar números exorbitantes.

Ahora, sabemos que eso no está ni cerca de la situación actual en los almacenes y supermercados. Según la Bitácora Económica de Fenalco para el mes de diciembre de 2015, había un supermercado por cada 31.000 habitantes. Esa cifra, sin duda, ha subido con la aparición y crecimiento de marcas con D1, Justo & Bueno y Ara (que, entre otras cosas ya vienen haciendo un cobro de bolsas plásticas por $100 pesos, cambiando el uso de plástico por cajas de cartón). Luego las ganancias destinadas a la DIAN serían bastante altas para que se concentre en esta institución y no puedan invertirse en un programa exclusivo para la pedagogía. Incluso, puede plantearse una apuesta entre el sector público y privado para que las empresas refuercen estas campañas.

Esta situación recuerda la propuesta del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa: quienes no deseen pico y placa pueden pagar un valor por vehículo para saltarse esta norma. Y, entonces, ¿aquellos que no pueden pagar? El mensaje que se transmite a los colombianos: se puede saltar la norma y la ley pagando, sin que se solucionen los problemas de raíz, como es el caso del tráfico con este último ejemplo y de la ausencia de una política ambiental efectiva. En resumen, pañitos de agua tibia.

 

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